Quienes somos
La Comisión de Libertades e Informática (CLI) es una Asociación que trabaja activamente para la defensa del derecho fundamental a la Protección de Datos Personales con el firme objetivo de concienciar a ciudadanos, empresas y Administraciones de la importancia que tiene cumplir la normativa vigente en esta materia.
La informática y su aplicación en los diferentes sectores del mercado, ha supuesto grandes ventajas para la agilización de trámites y procesos que requieren el tratamiento de datos personales, pero a su vez ha supuesto serias desventajas para los titulares de esos datos, que han visto como las injerencias en la esfera de su vida privada han dado lugar a consecuencias negativas que inciden en el ámbito de su libertad (de decisión, de movimiento, de establecimiento...etc).
La Comisión de Libertades e Informática, pretende paliar esta situación respetando el lógico y necesario equilibrio entre la economía de mercado y el derecho a la intimidad como parte de la efectiva realización de la dignidad humana.
Forman parte de la CLI las siguietes asociaciones:
- APDHE: Asociación Pro Derechos Humanos de España.
- FADSP: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública.
- UGT: Unión General de Trabajadores.
- ALI: Asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática.
A continuación se incluye una transcripción del preámbulo de los estatutos donde queda resumido el pensamiento de esta Asociación:
PREÁMBULO de los Estatutos de la CLI, aprobados en noviembre de 2003.
La incidencia de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el funcionamiento de las sociedades desarrolladas y sobre los comportamientos individuales exige una preferente atención de los poderes políticos y una continua reflexión pública de los grupos parlamentarios y de los movimientos culturales y sociales para neutralizar los negativos efectos contaminantes que su manejo incontrolado puede producir sobre los derechos y libertades individuales y colectivas.
El uso masivo por las distintas Administraciones Públicas, empresas y particulares, de sistemas de gestión informatizados y de bases de datos de carácter personal, introduce nuevas asimetrías en las relaciones entre los ciudadanos con los poderes públicos y privados que es necesario corregir si se quiere mantener un mínimo de equilibrio institucional y social que permita el ejercicio efectivo de los derechos y de las libertades individuales y una mejor protección de los ciudadanos frente al peso acumulado por dichos poderes y su demostrada voracidad acaparadora.
Esta corrección no pasa por limitar el uso de los medios automatizados que faciliten y mejoren la prestación de los servicios que proporcionan las entidades públicas y privadas, sino por el establecimiento de sistemas de control que eviten la desviación de los datos hacia fines no autorizados o torticeros. La toma de conciencia ante las relaciones de poder originadas por la aplicación generalizada de las nuevas tecnologías ha suscitado, en numerosos países, amplios debates parlamentarios -potenciados por los medios de comunicación- para tratar de poner en marcha proyectos legislativos que persiguen regular las Tecnologías de la Información y de la Comunicación al servicio de los individuos, salvaguardando su intimidad e identidad personal.
Como novedad político-jurídica las Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones, ya dan buena cuenta algunas modernas Constituciones que dedican un apartado a las incidencias de su uso sobre la intimidad, el honor y el pleno ejercicio de los derechos. La Persona, núcleo y esencia de todo Estado social y democrático de derecho, tiene que disponer de la mayor y mejor cantidad de oportunidades y medios para alcanzar y desarrollar su libertad y para ejercitar y defender sus derechos fundamentales frente a la invasión que en los mismos pueda causar toda tecnología. El pleno desarrollo de la personalidad solo puede conseguirse removiendo y allanando los obstáculos que se oponen al disfrute de los derechos y libertades individuales, entendidos en su doble dimensión político-cívica y económico-social, tal como aparecen proclamados en los Pactos Internacionales.
España, a pesar del mandato constitucional del Art. 18.4 de la Constitución de 1978, permaneció más de doce años sin dar desarrollo legal al mismo. Es necesario que las normas legales vigentes se adapten sin reservas u objeciones a las direcciones marcadas por la normativa Comunitaria e Internacional a fin de terminar con ‘agujeros negros’, ambigüedades o excepciones desmesuradas en las mismas de tal forma que den respuesta a los problemas que continuamente se van presentando en nuestras sociedades (Actuaciones sobre el correo electrónico y demás medios de comunicación; videovigilancia; datos de salud; datos genéticos) y evite igualmente todo determinismo informático.
Del mismo modo se debe promover -y cuidar- que los distintos organismos públicos estatales o autonómicos de protección y defensa del derecho sean reales y plenamente participativos, dando entrada a todos los sectores sociales implicados.
Y todo ello, teniendo como base fundamental la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en su Sentencia de 292/2000, de 30 de diciembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad para cuya presentación fue decisiva la labor de la Comisión de Libertades e Informática. Doctrina que ha reconocido el derecho a la protección de datos de carácter personal como Derecho Fundamental.
Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones acompañan y favorecen el desarrollo de la Humanidad de manera imparable. Prescindir de sus frutos sería un desvarío que nadie está dispuesto a afrontar -y no sólo por razones sociales, económicas o políticas-, pero hay que tener en cuenta que el dominio de la tecnología más avanzada permite a los poderes públicos y económicos una capacidad de control teóricamente ilimitada y les coloca en una posición preeminente en todas las esferas de actuación tanto nacionales como internacionales.
Sin las debidas garantías, el uso informático puede volver asfixiante un sistema de libertades. Nuestra democracia representativa incide en los políticos como intermediarios entre el aparato estatal - autonómico y los ciudadanos, por ello los poderes públicos deben asumir no sólo formal sino realmente, la exacta dimensión de los peligros informáticos, acogiendo y reforzando las iniciativas que individuos y grupos sociales adopten para transmitir a la opinión pública la gravedad del uso indebido de la información y de su tecnología y para actuar en consecuencia.
Es necesario llamar la atención y movilizar voluntades para hacer frente a las prácticas directamente agresivas contra la integridad y la dignidad de la persona, siendo conscientes de la ardua labor que representa transmitir a los ciudadanos la imagen exacta del riesgo que supone el uso incontrolado de las tecnologías de la información pues las más de las veces esas prácticas negativas se imaginan como algo lejano que no va a suceder. Quizá, la dificultad estribe en no poder reflejar nítidamente -o llegar a desvelar- los aspectos negativos de unos instrumentos cotidianos que se han incorporado a nuestros hábitos de trabajo, comunicación y consumo. La agresión informática es casi siempre fría, aséptica y silenciosa.
Esta tranquilidad sin duda se ve alterada el día que el ciudadano llega a contemplar en su ámbito personal los efectos de tal indiferencia. Los datos sensibles e íntimos sobre su salud, su ideología y su economía pueden estar en manos de terceros, muchas veces sin su conocimiento, por no hablar de su consentimiento. El poder que los almacena, manipula y retiene dispone de una situación privilegiada que sólo su control -y persecución en caso de agresión- permite rebajar su omnipotencia y eliminar la capacidad de actuación ilegítima sobre la base de esa información. No hay duda de que la incidencia sobre las libertades será más acusada cuanto más alto sea el grado de desarrollo tecnológico alcanzado por la sociedad afectada y menos sea el grado de conocimiento y defensa de los ciudadanos.
La extensión y profundidad del fenómeno plantea lo que se ha dado en denominar el desafío informático al que debemos enfrentarnos acabando con toda insensibilidad e indiferencia hacia el mismo.
Para movilizar voluntades es positivo que tal desafío sea asumido desde diferentes sectores profesionales y sociales arbitrando el intercambio multidisciplinar y hacer frente con un espíritu positivo, de colaboración y crítica al mismo tiempo, al uso de las modernas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
No desaprovechemos el progreso de la Humanidad pero mantengamos los límites que preserven la dignidad de la persona.